MARTÍN HERNÁNDEZ ALCÁNTARA
Organizaciones no gubernamentales especializadas en la defensa de las libertades sexuales y la salud reproductiva exigieron que el gobierno estatal se cerciore de que los funcionarios del sistema penitenciario poblano no incurran en actitudes homofóbicas u otro tipo de discriminación para evitar casos como el de Aldo Enrique Cruz, el defenestrado director general de los Centros de Readaptación Social.
Mediante un comunicado, la Asociación Nacional por la Tolerancia, el Colectivo de Enlace contra la Discriminación y la Organización de Mujeres Feministas, expresaron que es necesario que “casos como el del señor Cruz no vuelvan a repetirse, especialmente en instituciones que tienen una vocación de reinserción social y que, a pesar de sus condicionantes punitivas, deberían ser las primeras interesadas en la práctica de valores democráticas como el respeto a la diversidad”.
El documento añade que la administración encabezada por el panista Rafael Moreno Valle Rosas “hizo bien en cesar de sus funciones al señor Cruz, pero ahora deberá tomar las medidas necesarias con todo el personal de las cárceles poblanas en lo particular y del gobierno estatal en lo general, con el fin de que conductas homofóbicas como la exhibida por el señor Cruz no se repliquen”.
Por separado, Brahim Zamora, representante de la Red Democracia y Sexualidad de Puebla (Demysex), expresó que el ex director general de los Centros de Readaptación Social Puebla, Aldo Enrique Cruz Pérez, incurrió en distintos actos de discriminación en agravio de reos con distintas preferencias sexuales, denunció.
Explicó que por el momento no cuenta con una cifra específica de víctimas debido a que está documentando posibles agresiones gracias al testimonio de familiares de los afectados.
No obstante, la organización civil que preside articulará una investigación formal que permita detectar la responsabilidad de Cruz Pérez en actos de abuso en contra de la comunidad Lésbico Gay, Transexual y Transgénero internada en los penales de la entidad.
El activista se congratuló por la renuncia de este personaje, que fue interpretada como un cese por parte de la Secretaría de Seguridad Pública, luego de que la Comisión de Derechos Humanos (CDH) giró una recomendación al ex funcionario marinista por la emisión de comentarios discriminantes y homofóbicos.
“Nos parece que es una buena noticia que se le cese, pero no es suficiente; debe haber un proceso de investigación exhaustiva para que, en su caso, se le finquen responsabilidades por los actos de corrupción y abusos en los que ha sido señalado; que tenga un juicio justo y que cumpla, en caso de haber, la pena que se le imponga”, manifestó en una entrevista.
Brahim Zamora consideró que la recomendación emitida por la CDH no es un argumento suficiente para separar a Cruz Pérez del cargo, por lo que el hecho comprueba su implicación en más irregularidades en el sistema penitenciario estatal.
La renuncia de Aldo Enrique Cruz Pérez, quien se desempeñó como director de penales durante el sexenio del priista Mario Marín, ocurrió justo un día después de que el titular de la Secretaría General de Gobierno, Fernando Manzanilla, reveló que durante la administración pasada se autorizó la liberación de reos peligrosos.
Hay versiones de que Indalecio Cuesta Torres –primo de Marín Torres–, a la sazón director de Ejecución de Sentencias de la Secretaría de Gobernación, aprobó de manera “exprés” la liberación de al menos 30 delincuentes, entre proxenetas, violadores y homicidas.
En este mismo periodo, Aldo Enrique Cruz, como director de Cereso, habría recibido y avalado las notificaciones sobre estas liberaciones anómalas.
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